Piden organizaciones al Senado no aprobar sala anticorrupción en la SCJN

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Al menos 34 organizaciones defensoras de derechos humanos, profesionales del derecho y otras, hicieron un llamado al Senado de la República para que no apruebe la reforma propuesta por Morena para crear una tercera sala Especializada en Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que amenazaría la independencia en la impartición de justicia. A través de un comunicado difundido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explican que aumentar a 16 el número de ministros amenaza la independencia de la impartición de justicia y, con ello, los controles y contrapesos que deben existir en todo Estado democrático de Derecho.

“El aumento de la cantidad de integrantes de las más altas instancias del Poder Judicial es una estrategia bien conocida a la que han recurrido los poderes políticos en otros países, con el fin de aumentar su influencia sobre las decisiones de tribunales constitucionales o cortes supremas. Al incrementar el número de jueces se suele abrir la oportunidad de designar perfiles afines, cercanos y obedientes. Por supuesto, este fin suele ocultarse y los cambios se justifican en términos de la necesidad de mayor eficiencia y/o combate a las deficiencias de los poderes judiciales en cuestión.

Los casos abundan y son de la más variada ideología, de Roosevelt en 1937 a Menem en 1990, o de la Venezuela chavista a los gobiernos conservadores contemporáneos de Hungría y Polonia” señalan. Consideran que aunque en apariencia la propuesta persigue fines positivos, ésta no se puede disociar de anteriores iniciativas que pueden afectar al Poder Judicial, ni de los recientes nombramientos de dos nuevos ministros llevados a cabo mediante procedimientos sumamente cuestionados, ni tampoco del reciente nombramiento de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Agregan que el conjunto de iniciativas que tocan al Poder Judicial de la Federación pondrían a México dentro del grupo de países que han visto socavada la independencia judicial por propuestas exclusivas y originarias del poder político en gobiernos de mayoría parlamentaria, como los de Polonia, Argentina, Venezuela, Turquía y Hungría.

Las personas y organizaciones firmantes coinciden en que es imprescindible combatir el flagelo de la corrupción en todos los niveles, pero consideran que esta reforma no es la adecuada para lograr este fin, porque resquebrajaría la independencia judicial y la capacidad para juzgar imparcialmente; no está basada en diagnósticos rigurosos y objetivos; cambiaria la naturaleza de la Suprema Corte.

Finalmente reiteran su llamado a los Senadores para no aprobar esta reforma.

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