Al considerarla un hecho inédito por ser la primera Consulta Popular que se declara constitucional, el coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que podría ser esta misma semana cuando procese la constitucionalidad de la consulta popular aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explicó que el Presidente de la Mesa Directiva turnará a las comisiones de Gobernación y de Justicia, el documento, que podría dictaminarse de manera inmediata, “porque nosotros consideramos que es muy importante definir y aprobarlo, en su caso, si así está de acuerdo la mayoría”, señaló.
Aclaró que ninguna otra instancia legislativa podrá modificar la pregunta aprobada por la Corte, por lo que una vez que se dictamine en comisiones, la consulta deberá ser aprobada por mayoría en el Pleno y posteriormente pasar a la Cámara de Diputados para seguir el mismo proceso.
A través de un mensaje publicado el fin de semana en sus redes, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Monreal Ávila, explicó que en caso de no obtener la mayoría de ambas Cámaras, el tema se declara archivado “como asunto total y definitivamente concluido”.
Mientras que en caso de aprobarse, el Congreso deberá expedir la convocatoria de la Consulta Popular mediante un decreto. Lo notifica al Instituto Nacional Electoral y ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“Estos son los pasos que restan para hacer efectivo el derecho a la Consulta Popular y podamos ir a votar todos los que deseemos, para el propósito que se plantea”, señaló el senador Monreal.
Asimismo, advirtió que otro supuesto de la Ley, señala que el presidente de la República, por ser el autor de la propuesta, “en cualquier momento puede retirar la consulta o la solicitud de consulta, en cualquier momento del procedimiento hasta antes que se publique la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación”. Por lo que una vez publicada en el DOF, ya surte efecto de notificación para la población.
CUESTIONAMIENTOS
Tras el aval de la SCJN para realizar una consulta pública, ésta se realizará el 1 de agosto de 2021 y deberá de ser organizada por el INE, de acuerdo con la ley, lo que implicaría un gasto de al menos 8 mil millones de pesos.
Esa cifra es comparable con los 7 mil 308 millones de pesos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS) ha gastado en insumos médicos para atender la epidemia de Covid-19.
El consejero Uuc-kib Espadas confirmó que la consulta implicará la realización de otro proceso de elección, tan sólo 55 días después de que se realice la elección más grande del país; es decir, el 1 de agosto y con un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.
Al respecto, el experto Miguel Carbonel dijo: “para en el fondo preguntar si está de acuerdo en que se cumpla con la Ley, porque en el fondo es eso, y que nos pasen la factura a los ciudadanos de 8 mil millones de pesos en un contexto de profunda crisis económica, me irrita, me pone de malas como ciudadano”.
El ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Salvador Nava, señaló que “hay una contradicción brutal por parte del Ejecutivo, porque está sistemáticamente minando el presupuesto de las autoridades electorales como el INE (…) y le quieren imponer otra carga como la consulta, para eso está, digamos, pero gastando miles de millones de pesos, me parece un absurdo”.
Por otra parte, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, acusó que el Gobierno federal está más ocupado en construir estrategias de distracción y propaganda, que en la disminución de muertes mediante la aplicación masiva de pruebas y la atención oportuna de enfermos de Covid-19.
Lamentó que mientras el Gobierno federal se ocupa en distraer la atención con consultas sin sentido y estrategias de propaganda electoral, el manejo de la pandemia está por alcanzar oficialmente las 80 mil muertes.